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Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos

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Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exige a autoridades capitalnas indemnizar económicamente dos mujeres víctimas de violencia institucional y de género, garantizar su rehabilitación física y dar “garantías de no repetición”.

Yaki y Clara

Por primera vez una autoridad gubernamental deberá disculparse de forma pública e indemnizar económicamente a dos mujeres a las que se practicó violencia institucional y género, de acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Las mujeres fueron agredidas, en 2011 y 2103, por instituciones públicas,debido a su condición de género, estableció la Comisión de Derechos Humanos capitalina, luego de analizar las quejas presentadas por las víctimas.

Basada en los casos de Yakiri Rubio y Clara Tapia, la Comisión concluyó, en su recomendación 6/2016, que en la Procuraduría General de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México prevalecen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Lo anterior trajo como consecuencia que Yakiri y Clara recibieran “un trato discriminatorio” por parte de las autoridades, las cuales actuaron basándose en “estereotipos de género”, causándoles una segunda agresión.

Se trata, según explicó Karla Michel Salas, abogada de ambas víctimas, de dos casos “emblemáticos que reflejan la violencia estructural que viven las mujeres en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México”.

La recomendación señala que, con su mala actuación, las autoridades de justicia violaron no sólo el derecho que tienen las víctimas a una vida libre de violencia, sino también su derecho a un debido proceso judicial, su derecho a acceder a la justicia, su derecho a que su integridad personal sea garantizada, así como su derecho a no ser víctimas de violencia institucional.

Lee el especial: La violencia contra las mujeres (no) es normal.

Yakiri: encarcelada por actuar en legítima defensa

El 9 de diciembre de 2013, Yakiri Rubio fue sometida por dos hombres, quienes la trasladaron a un hotel ubicado en la colonia Doctores, donde la golpearon, la violaron y uno de ellos intentó matarla, infringiéndole varias heridas con una navaja. Yakiri repelió la agresión y forcejeó con el agresor, quien resultó lesionado con una herida en el cuello, la cual le provocó la muerte.

Yakiri huyó del hotel y encontró a un policía de investigación, con quien denunció lo sucedido. Increíblemente, fue ella la que resultó acusada de homicidio y procesada penalmente.

No fue sino hasta una semana después de la agresión, el 17 de diciembre de 2013, que las autoridades gestionaron la atención psicológica y médica requerida para los casos de violación. Todo eso sucedió cuando Yaikiri se encontraba dentro del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa María Acatitla.

Casi tres meses después de la agresión y de la reclusión de Yakiri, se reclasificó el delito de homicidio calificado a homicidio cometido con exceso de legítima defensa, quedando en libertad provisional.

Finalmente, el 21 de mayo de 2015, a más de un año de los hechos, un juez la absolvió de todo delito, ya que, concluyó, ella procedió en legítima defensa.

Hasta la fecha, el segundo agresor de Yakiri no ha sido procesado por ningún delito y permanece en libertad.

Clara: procesada por ser esposa de un “monstruo”

El 27 de junio de 2011, Clara Tapia acudió a las instalaciones de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, perteneciente a la PGJDF, para interponer una denuncia contra su ex pareja, a quien acusaba de mantener secuestradas a las hijas que habían procreado, impidiéndole verlas, a las cuales, además, sometía a explotación y violencia física y sexual.

A cambio de la promesa de que podría ver a sus hijas, su ex pareja la sometió a actos de violencia, intimidaciones, insultos, amenazas, e incluso le impuso limitaciones para comer o asearse.

La Fiscalía recibió la denuncia, pero no hizo nada para rescatar a las menores.

La PGJDF tardó tres meses para salir en busca de las víctimas, y sólo lo hizo cuando Clara, por investigaciones propias, pudo localizar el sitio en donde las mantenían privadas de la libertad.

Ese parecía el final del calvario para Clara, quien por fin podría recuperar a sus hijas; sin embargo, el 5 de septiembre de 2011, día en que las menores fueron rescatadas, ella fue arrestada por la Procuraduría capitalina, acusada de ser cómplice en las agresiones que las niñas sufrían a manos del padre.

Según la Procuraduría, entonces encabezada por el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Clara sufría “la necesidad de mantener a toda costa la relación con el acusado” y por ello, según la versión oficial, habría permitido que sus hijas fueran sometidas a abusos.

Clara fue exhibida ante medios de comunicación por el mismo Mancera, quien la señaló como abusadora de menores en el programa televisivo “La historia detrás del mito”.

Clara pasó tres años encarcelada en el Penal de Santa Martha, luego de que un juez determinó que “carecía de autonomía” para impedir los abusos que ella y sus hijos sufrieron a manos de su ex pareja.

Jorge Antonio Iniestra Salas, a quien los medios llamaron “El Monstruo de Iztapalapa”, recibió una sentencia condenatoria de 251 años de prisión por dos homicidios dolosos, secuestro, violencia familiar, explotación laboral y corrupción de menores.

El papel de las autoridades, según Derechos Humanos

Para la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Yakiri y Clara no sólo fueron víctimas de las personas que directamente las agredieron, sino que tambiénfueron presa de un problema generalizado de violencia contra las mujeres, ejercida desde las instituciones encargadas de velar por la justicia en la Ciudad de México.

Según la CDHDF, tanto en la Procuraduría General de Justicia como en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México existen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Yakiri y Clara, subraya la recomendación 6/2016, “después de haber sido víctimas de diferentes tipos de violencia, acudieron a los órganos de procuración e impartición de justicia y se enfrentaron a un sistema que, en lugar de protegerlas y administrarles justicia… les dio un trato discriminatorio, por estereotipos de género y fueron revictimizadas”.

La Comisión de Derechos Humanos concluyó que ambas instituciones –la primera encargada de perseguir a los presuntos delincuentes, y la segunda responsable de juzgar su culpabilidad o inocencia– siguen sin aplicar los preceptos incluidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de que esta ley está vigente desde diciembre de 2014.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió a la Procuraduría y al Tribunal que, además de disculparse públicamente, deberán adoptar “investigaciones y procesos libres de estereotipos”, así como otras medidas necesarias para combatir la discriminación contra las mujeres desde las instituciones de gobierno, para que casos como los de Yakiri y Clara no vuelvan a repetirise.

Asimismo, el ombudsman capitalino exigió a las autoridades capitalnas indemnizar económicamente a ambas víctimas, garantizar su rehabilitación física, así como proporcionarles “garantías de no repetición”.

CLICK AQUÍ PARA LEER LA RECOMENDACIÓN COMPLETA

ANEXO 1

ANEXO 2


Gabriela y Clara, las víctimas del llamado Monstruo de Iztapalapa

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Gabriela y Clara, las víctimas del llamado Monstruo de Iztapalapa

Fuente: Proceso.com.mx

[http://www.proceso.com.mx/343565/gabriela-y-clara-las-victimas-del-llamado-monstruo-de-iztapalapa]

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- El día en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) puso fin a seis años de cautiverio, golpizas y recurrentes abusos sexuales contra Gabriela, fue el mismo que la joven, de entonces 21 años, perdió la esperanza de reencontrase con su madre, toda vez que Clara Tapia Herrera fue encarcelada.

De tez morena y gestos amables, Gabriela es hoy una joven que intenta superar el tiempo que pasó retenida en una habitación, a sus 15 años, por Jorge Antonio Iniestra Salas, el llamado Monstruo de Iztapalapa, quien la secuestró junto con su hermana Rebeca, de entonces 12 años.

Sin la intención de culpar a su madre, el testimonio de Gabriela fue clave para que la PGJDF acusara a Clara Tapia de ser cómplice de Iniestra Salas. Le imputaron los delitos de corrupción de menores y violencia familiar, a pesar de que ella nunca avaló los abusos físicos y sexuales que sufrieron sus hijas.

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El recuento

Gabriela recordó que en las tardes su oído se volvía más agudo y podía escuchar los pasos de su secuestrador cada vez que subía a las escaleras para entrar en la habitación. Sabía que si se portaba mal él le pegaría hasta cansarse, y si se portaba bien abusaría de ella, como lo hizo tantas veces.

Tras una larga espera, la noche del 5 de septiembre de 2011 llegó su liberación. En la casa donde estaba retenida, las autoridades capitalinas también encontraron cuatro de los cinco niños que Iniestra Salas había procreado con Gabriela y su hermana —a quien asesinó a golpes un día de 2009 junto con una de las niñas.

Ese día, Gabriela también fue interrogada y perdió toda oportunidad de ver a Clara. Temerosa de que en cualquier momento llegara Jorge Antonio, y recordando que en varias ocasiones él le dijo que si alguien los descubría ella tenía que suicidarse, Gabriela fue entrevistada por la trabajadora social Irma Raquel Sierra Suárez.

Así que ella dijo lo que “sabía que debía decir”: que su mamá “no las atendía, no mostraba interés, no las cuidaba y no las quería”. Tal como lo dijo Jorge Antonio, quien durante años le hizo creer que “los títulos se ganan”, y que Clara no merecía ser llamada madre, que era diferente a ellos y tampoco merecía su atención.

Lo que ella no supo es que al día siguiente, el 6 de septiembre, en el búnker de la PGJDF, se presentaba ante los medios de comunicación, como presuntos secuestradores, a Iniestra Salas, cinco personas más —entre ellas dos de sus hermanas y un hermano— y a Clara, la madre con la que quería regresar.

Las pruebas

En su declaración, la joven, hoy de 23 años, acusó a su madre con tal vehemencia que esta prueba fue sustancial para encarcelar a Clara, quien lleva más de dos años en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, acusada de corrupción de menores y violencia familiar, aunque nunca golpeó ni humilló a su hija.

Pero los abogados aseguran que esta prueba se ha desvanecido. Después de recibir terapia sicológica, de vivir en libertad y bajo el resguardo de la PGJDF, la joven considera que la relación que para su captor era normal en realidad era un abuso, y que su madre, al igual que ella, fue víctima de esa situación.

La Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) determinó en febrero de 2012 que Clara también vivió actos violentos, porque fue sacada de su casa, se le restringió el vestido y la comida, y se le condicionó la información sobre sus hijas a cambio de dinero.

Con esta resolución se eliminó el delito de violencia familiar y, por tanto, quedó el cargo de corrupción de menores, por el cual Clara es todavía acusada.

Los abogados David Peña Rodríguez y Karla Michel Salas sostienen que hay elementos suficientes para dejar en libertad a Clara, toda vez que ella nunca avaló los abusos, y aunque en junio de 2009 supo que el sujeto se llevaba a sus hijas, no supo a dónde ni pudo hacer nada porque fue amenazada con que les haría daño si se entrometía.

Sin acusación

Para los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos es claro que la parte acusadora debe demostrar la culpabilidad.

Gabriela, como víctima, debería demostrar la culpabilidad de su madre. Sin embargo, se ha retractado de las acusaciones y ha manifestado que desea reencontrarse con Clara.

Con estos argumentos, en enero pasado los abogados presentaron ante el Juzgado 64 penal, a cargo del juez Casiano Carlos Morales García, una petición de “desvanecimiento de datos”; es decir, un recurso jurídico para explicar que no hay elementos para juzgar a Clara, pues ya no hay acusación.

El pasado 15 de febrero, sin embargo, el juez resolvió que no era procedente la libertad por desvanecimiento de datos. Aseguró que las pruebas aportadas por la defensa de esta mujer de 44 años serían valoradas una vez que se dictara la sentencia.

Aún así los abogados insisten en que mantenerla en prisión con pruebas que ya no existen (las declaraciones de Gabriela) viola sus derechos humanos, por lo que apelaron la negativa ante la Sala Octava del TSJDF, que tendrá que valorar si ampara a la víctima o da la razón al juez.


Dos casos “emblemáticos que reflejan la violencia estructural que viven las mujeres en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México”: Karla Michel

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