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MÉXICO CUMPLE A MEDIAS SENTENCIA DE LA CORTE SOBRE FEMINICIDIOS DE JUÁREZ

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MÉXICO CUMPLE A MEDIAS SENTENCIA DE LA CORTE SOBRE FEMINICIDIOS DE JUÁREZ

De las 15 disposiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso al gobierno mexicano en el tema, sólo ha cumplido una

mujer campo algodonero

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Los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, siguen esperando que el Estado mexicano cumpla “a cabalidad” con la sentencia que emitió hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La Corte declaró culpable al gobierno por no garantizar la “vida, integridad y libertad” de las víctimas, por discriminarlas y dejar impunes sus crímenes; en el caso de tres de las ocho mujeres que fueron torturadas, violadas y asesinadas en 2001 y cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Juárez.

Esta sentencia del 10 de diciembre de 2009, conocida como Campo Algodonero, condena lanegligencia de las autoridades locales, obliga al Estado a asumir su responsabilidad, pedir perdón, crear un protocolo para la investigación de estos casos, indemnizar a los familiares, retirar a los funcionarios que no actuaron conforme a sus obligaciones, abrir nuevas líneas de investigación ycondenar a los responsables de los asesinatos.

De las 15 disposiciones a cumplir, oficialmente, sólo una está terminada: la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación.

Otras dos están en proceso: la indemnización y la construcción de un memorial.

El Estado mexicano tenía como plazo un año para cumplir varios de estos puntos tras la sentencia. Otros, como la capacitación de funcionarios en cuestiones de género, pueden esperar hasta tres años.

“No me interesa la indemnización, es lo de menos. Pero no quiero morirme y saber que los culpables de la muerte de mi hija siguen libres. No quiero que nadie más sufra la angustia que yo sufrí porque los policías no saben hacer su trabajo”, dice Irma Monreal, madre de una de las víctimas involucradas en la sentencia histórica.

Irma cuenta que, en octubre pasado, sintió “terror” al imaginar el sufrimiento de su hija Esmeralda hace nueve años, cuando desapareció al salir de su trabajo en una maquiladora.

La madre, de 57 años, narra que esperaba el autobús que la llevaría a su trabajo en El Paso, Texas, cuando un hombre intentó meterla a un automóvil con jaloneos, pero se frustró cuando las personas que también esperaban el transporte se alarmaron con sus gritos.

Todos los recuerdos volvieron. Imaginarme lo que debió sufrir mi niña me dejó deprimida. Ya no quería salir de mi casa, nada más que soy la única que trabajo y no puedo quedarme encerrada, segura“, cuenta en entrevista con CNNMéxico.

El cuerpo de su hija fue encontrado nueve días después de su desaparición. Desnudo, con lasmanos amarradas, un seno mutilado y el pezón del otro arrancado. Su rostro era sólo una osamenta y las autoridades tardaron cuatro años en cerciorarse de que era ella, porque las pruebas de ADN se perdieron varias veces o se contaminaron.

“En todo ese tiempo tuve la angustia de no saber si era mi hija, pensando que Esmeralda podía seguir viva pero ya nadie la estaba buscando, y pensando que ella todavía estaba sufriendo”, dice Irma.

Según la red de organizaciones Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre 1993 y 2003 fueron asesinadas más de 400 mujeres por violencia de género en esa región. En 2009 asesinaron a 130, y en lo que va de 2010 la cifra alcanzó ya 150.

Una lucha en solitario

Irma, junto con las madres de dos de las ocho mujeres asesinadas y enterradas en el campo algodonero emprendieron una batalla solas.

Mandaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo su caso: la escribieron “con ignorancia y faltas de ortografía”, se disculpan. Uno de sus abogados les había hablado de esta alternativa cuando llevaron el juicio ante tribunales mexicanos. No pudieron costear los servicios de defensa y entonces tomaron la decisión de hacerlo por su cuenta.

El campo algodonero es un inmenso terreno árido e infértil. La mayor parte es propiedad privada, donde se han construido hoteles y centros comerciales. Sólo una fracción, que era propiedad de la Comisión Nacional del Agua, será utilizada para construir un memorial en honor a las víctimas, como lo establece la sentencia internacional, para homenajear a todas las mujeres juarenses víctimas de la violencia.

Los términos del fallo ordenan a las autoridades consultar a los familiares de las víctimas sobre cómo tendría que ser este memorial. Las autoridades municipales publicaron una convocatoria en diarios impresos para que la población opinara al respecto.

No obstante, el secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Héctor Arcelus, reconoce en entrevista con CNNMéxico que nunca se estableció contacto con las víctimas y sus representantes.

La sentencia también va dirigida al gobierno federal y le exige ofrecer una disculpa pública a los familiares por las omisiones judiciales del caso.

La construcción del memorial tendrá un costo de 16 millones de pesos; la Secretaría de Gobernación aportaría 10 millones y el gobierno del estado de Chihuahua 6 millones.

“Tendría que ir el propio presidente Felipe Calderón a pedir perdón, pero no. Van a mandar a cualquier subsecretario a anunciar algo de lo que no nos avisaron. Ninguno de los familiares se va a presentar al evento“, dice Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que asumió la defensa de las tres mujeres.

La secretaría de Gobernación difundió el viernes que el acto público de reconocimiento de responsabilidad se realizará e 8 de marzo de 2011, por decisión de las familias.

La respuesta del Estado Mexicano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió también a las autoridades mexicanas hacer un registro con información genética de las mujeres desaparecidas, además de capacitar a sus funcionarios para que las víctimas “no enfrenten la negligencia” que sufrieron Irma y las otras dos madres.

La Procuraduría de Chihuahua tiene en su sitio de Internet fotografías y datos de mujeres desaparecidas, pero no información genética ni un registro del número de cuerpos encontrados.

La secretaría de Gobernación anunció el 29 de julio “avances en el cumplimiento de estasentencia”, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Laura Carrera, encargada de la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la secretaría de Gobernación, dijo que el gobierno federal mantiene el contacto con las autoridades estatales para dar cumplimiento a la sentencia.

Incluso, dice, se elabora una campaña de concientización entre empleados del gobierno municipal y otra de prevención para la población en general, que próximamente se dará a conocer.

Pero los abogados de las familias afectadas dicen que han sido medidas insuficientes.

“Todos los puntos de la sentencia los han cumplido a medias o mal, el banco nacional de información genética está incompleto, no sirve para encontrar los cuerpos”, dice Karla Michel.

Laura Carrera admite que no hay manera de medir el alcance de los feminicidios en el país, menos de realizar una base de datos completa. “Si las autoridades estatales no colaboran, porquelegalmente no existen los feminicidios, nunca sabremos el verdadero tamaño del problema”.

De no cumplir sus obligaciones, el Estado mexicano se hace acreedor a señalamientos y llamados de atención por parte de la CoIDH, pero no existe otro tipo de sanciones.

“El dolor destruye familias”

Irma y su familia viven en una colonia popular. Si de algo le servirá el dinero de la indemnización, según dice, será para dejar la ciudad, esa que “apesta a puro muerto“.

Ella aún tiene dos hijos, los mismos que trataron de quitarse la vida cuando Irma lidiaba con su propia depresión por la desaparición de su hija.

Reconoce que los especialistas de la Secretaría de Salud estatal los han atendido a nivel psicológico y psiquiátrico, cuando los recursos ya no son suficientes para pagar los médicos.

El dolor te puede volver loco, destruye familias y vidas enteras. Ya lo único que quiero es que ninguna de mis hijas, ni yo, ni ninguna madre o muchachita en Juárez, pase por el mismo infierno”, dice.


Línea del tiempo

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Cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero

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En este sitio tendrás información de primera mano para conocer, dar seguimiento, difundir y exigir al gobierno mexicano  el cumplimiento de la sentencia de campo algodonero.

En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Edo. mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.

El sitio presenta la sentencia en cinco secciones: la condena (decisiones, disposiciones y puntos resolutivos), las  víctimas del caso (de feminicidio de Campo Algodonero, las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, y violencia en contra de defensoras), el contexto de feminicidio en Cd. Juárez, los documentos relacionados con el caso y una línea del tiempo de los sucesos del caso y del seguimiento de la sentencia.

En condena encontrarás que cada punto tiene un semáforo que indica si el gobierno mexicano ha cumplido. Colabora con  tu opinión, comentarios, análisis, vínculos y/o investigaciones en los foros de cada uno de los puntos resolutivos. Nos importa y valoramos mucho tu colaboración en la vigilancia de esta sentencia.

La participación social y ciudadana en la documentación de cómo se acata esta sentencia, así como el debate y análisis sobre la calidad e impacto real de las acciones del Estado relacionadas con la resolución son indispensables para hacer realidad la reparación de los daños.

¡Lee, infórmate, participa, documenta, exige!


Sentencia sobre Campo Algodonero sentará precedente para AL

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Sentencia sobre Campo Algodonero sentará precedente para AL

Por: Lourdes Godínez Leal

CIMAC | México DF.- 17/08/2009La sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, que se espera a finales de este mes o en septiembre próximo, por el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, sentará un precedente para toda América Latina en el tema del feminicidio, si se analiza a fondo y teniendo como eje principal la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará).

Así lo señalaron los abogados peticionarios ante esta instancia, Karla Michel Salas y David Peña, quienes explican que el caso del Campo Algodonero es el primero en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de las mujeres y que demuestra, según su argumentación jurídica, que no es un caso aislado sino que forman parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos de las mujeres por el sólo hecho de serlo. De ahí, señalan, la importancia de la resolución de la Corte.

Cabe recordar que originalmente fueron 8 los cadáveres hallados en este predio conocido como Campo Algodonero los días 6 y 7 de noviembre de 2001, pero únicamente tres fueron presentados ante el Sistema Interamericano, ya que del total tres resultaron no corresponder a las identidades adjudicadas por las autoridades de acuerdo al informe presentado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Es por ello que solamente se presentaron los casos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Berenice Ramírez, mismos que fueron admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2006 y un año más tarde, en diciembre de 2007, por la CoIDH.

Los representantes legales de las tres madres de las víctimas de este caso dijeron a Cimacnoticias que “esperan que esta instancia internacional analice y emita la sentencia del caso a la luz de la Convención Belém Do Pará, lo que servirá de precedente para todas las violaciones de derechos humanos de las mujeres de la región”.

karla michel

Karla Michel Salas detalló que tras estos 7 años de trabajo que llevan ya en el caso de Ciudad Juárez, lo que buscan con la sentencia de la Corte es “meterla en el fondo del asunto, ya que para alcanzar la justicia tiene que conocer de todos los casos y saber que las mujeres asesinadas y desaparecidas en su mayoría eran migrantes, niñas, pobres, lo que implicaría un análisis más a fondo de la Belém Do Pará”, insistió.

PERMISIBILIDAD SOCIAL, FACTOR DE IMPUNIDAD

Para David Peña, la violencia de género, la impunidad y la permisibilidad social en esta entidad fronteriza con Estados Unidos han fomentado la escalada de violencia en contra de las mujeres, tan sólo en lo que va de este año, informó, van 22 mujeres desaparecidas todas ellas menores de edad (entre 12 y 17 años de edad), lo que significa una desaparición al mes.

Pese a que se ha documentado reiteradamente la ineficacia de las autoridades para iniciar las investigaciones en caso de las desapariciones, a la fecha no se han cambiado los protocolos de investigación y las madres tienen que esperar las 72 horas para denunciarlas y todo ello observó, también fue documentado ante la CoIDH.

De acuerdo a los abogados Salas y Peña, durante la audiencia sostenida el pasado 28 de abril para este caso, los jueces de la Corte reconocieron que existen graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, por lo que ésta tendrá “la oportunidad de evaluar las acciones del Estado mexicano para terminar con la violencia en Juárez”.

SE ESPERAN MÁS QUE RECOMENDACIONES

Además precisaron que el Estado mexicano reconoció la existencia del feminicidio en la entidad, así como en otras partes de la República Mexicana, por lo que agregaron que la sentencia de la Corte será el primer instrumento internacional jurídico que reconocería al feminicidio, no propiamente con una definición jurídica, pero sí habría un reconocimiento como tal.

Por ello es que sus expectativas son que la sentencia sea condenatoria y que vaya más allá de “recomendaciones”.

Precisaron que dentro de las reparaciones pidieron a la Corte se pronuncie para que exista una prohibición expresa para los servidores públicos de negar la existencia del feminicidio o minimizarlo, así como culpar a las víctimas.

También la indemnización del daño moral, material y económico para las familias de las víctimas y garantías de no repetición, para lo cual solicitan medidas de carácter legislativo como la modificación del Protocolo Alba, que funciona como una especie de alerta para las autoridades, en caso de reportarse la desaparición o extravío de una mujer y que tiene como finalidad la articulación de acciones por parte de las autoridades para su localización, mismo que entró en vigor en la entidad el 12 de mayo de 2005.

Asimismo, pidieron claridad en el tema de la atracción para que la Federación pueda conocer de casos de violación a derechos humanos de mujeres y que haya un protocolo específico de investigación para los homicidios de mujeres.

También pidieron que el Estado mexicano establezca leyes concretas y específicas para el apoyo a las víctimas.

Finalmente señalaron que dependerá del resultado de la sentencia que más casos lleguen al Sistema Interamericano, donde actualmente se encuentran aún en espera de respuesta por parte de la CIDH dos casos más de femincidio: el de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera, presentados en 2002 ante esta instancia

09/LGL/GG


“CAMPO ALGODONERO” VS. MÉXICO. CASO GONZÁLEZ Y OTRAS

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“CAMPO ALGODONERO” VS. MÉXICO.  CASO GONZÁLEZ Y OTRAS

La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las jóvenes González, Herrera y Ramos”), cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición […]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos […], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.

CAMPO-ALGODONERO

El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, dicha demanda contra los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), a partir de la cual se inició el caso  “GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO.  La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 6 de marzo de 2002 y el 24 de febrero de 2005 la Comisión aprobó los Informes No. 16/05, 17/05 y 18/05, mediante los cuales declaró admisibles las respectivas peticiones. El 30 de enero de 2007 la Comisión notificó a las partes su decisión de acumular los tres casos. Posteriormente, el 9 de marzo de 2007 aprobó el Informe de fondo No. 28/07, en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 4 de abril de 2007.

Tras considerar que México no había adoptado sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, Comisionado, Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Juan Pablo Albán, Marisol Blanchard, Rosa Celorio y Fiorella Melzi, especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

 La Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los  artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do Pará”). La demanda fue notificada al Estado el 21 de diciembre de 2007 y a los representantes el 2 de enero de 2008. 4. El 23 de febrero de 2008 las organizaciones Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C., representantes de las presuntas víctimas3 (en adelante “los representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”). Además de los alegatos presentados por la Comisión, los representantes solicitaron ampliar el número de víctimas a once mujeres y que la Corte se pronuncie sobre la supuesta detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso de tres personas más. Adicionalmente a los artículos invocados por la Comisión, los representantes solicitaron a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 11 (Derecho a la Dignidad y a la Honra) de la Convención, todos ellos en relación con las obligaciones generales que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en conexión con los artículos 8 y 9 del mismo instrumento. Además, solicitaron la violación del derecho consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de las tres presuntas víctimas identificadas por la Comisión.

 El 26 de mayo de 2008 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”). Dicho escrito cuestionó la competencia de la Corte para conocer sobre las presuntas violaciones a la Convención Belém do Pará. Adicionalmente, objetó la ampliación de las víctimas propuesta por los representantes, y reconoció parcialmente su responsabilidad internacional. El Estado designó al señor Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco como Agente y a Patricia González Rodríguez, Joel Antonio Hernández García, María Carmen Oñate Muñoz, Alejandro Negrín Muñoz y Armando Vivanco Castellanos como Agentes Alternos.

El 16 de julio de 2008 la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”), luego de la revisión de la contestación de la demanda, informó al Estado que los alegatos referidos a la Convención Belém do Pará constituían una excepción preliminar. En razón de ello, de conformidad con el artículo 37.4 del Reglamento, otorgó a la Comisión y a los representantes un plazo de 30 días para presentar alegatos escritos. Dichos alegatos fueron presentados el 20 de agosto de 2008 y el 6 de septiembre de 2008, respectivamente.