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Parece que los sacerdotes en México son intocables

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Parece que los sacerdotes en México son intocables


Caso Narvarte

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Caso Narvarte

Luchadoras -26 de agosto 2015- Multihomicidio en la colonia Narvarte

rompeviento

Continúa el Caso Narvarte sin avances.

 


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Artículo de La Jornada.
Lilia Alejandra García Andrade. El 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra desapareció cuando cruzaba una de las zonas más céntricas de Ciudad Juárez: las avenidas Ejército Nacional y Carretera Panamericana. Trabajaba en una maquiladora, tenía 17 años y era madre de dos niños. Su madre, Norma Andrade, el 15 de febrero interpuso una denuncia por desaparición. En el expediente no figura ninguna constancia de actividad judicial sobre la búsqueda de Lilia Alejandra, pese a que ya existían ocho años de “experiencia” sobre estos casos.

El 21 de febrero su cuerpo apareció en un lote baldío cercano al centro comercial Soriana, a las 18:30 horas. Desnuda de la cintura hacia abajo, los signos de tortura y de violencia sexual eran evidentes. Tenía aproximadamente 24 horas de haber sido asesinada. Su madre, desde entonces, ha iniciado una búsqueda incansable para encontrar al asesino de su hija y para conseguir la potestad de sus nietos. Las autoridades han desestimado los datos proporcionados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sobre la presencia de presuntos narcotraficantes en la zona donde fue hallado el cuerpo y que podrían estar vinculados con el secuestro y el asesinato.

Otros indicios preocupantes rodean el crimen de Lilia Alejandra: a unos 50 metros del lote (perteneciente a la familia Borunda) donde hallaron su cuerpo, se encuentra un shopping center llamado Saint Valentín, donde testigos dicen haber visto que ella escapaba. El edificio tiene pintado un pequeño zorro, el mismo que está en las propiedades de Valentín Fuentes Téllez, uno de los hombres más ricos de Juárez. El sitio se localiza a escasa calles de la avenida Valentín Fuentes. Por si fuera poco, Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero, día de San Valentín, y su cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado en la calle Rancho San Valentín del fraccionamiento Pradera Dorada.

Ahora “estamos peor que en 2001; hay más impunidad, más muertes de mujeres”, coincidió en entrevista Marilú García Andrade, hermana de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida y asesinada en febrero de 2001, con 17 años de edad.

“Vamos para atrás a pasos agigantados”, siguió, “hasta (reprimen) frente a las cámaras, como en Atenco.”

Norma Andrade, cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, afirmó que es “indignante y ofensivo” que el Ejecutivo federal “asuma un doble discurso y demuestre su ignorancia” sobre lo que sucede en Ciudad Juárez. “No se puede jugar con el dolor de las familias ni de la sociedad”, pues agregó que los medios de comunicación “no inventan” las noticias de mujeres desaparecidas y asesinadas. “Son casos que siguen ocurriendo sin que las autoridades detengan a los agresores”, expuso.

Tomado de La Jornada.com/archivos

ARTICULOS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, “CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA”.

Capítulo II

3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

A Lilia se le violaron todos estos derechos pero también a sus familiares que por disposición constitucional tienen, por tener la calidad de víctimas indirectas, que sufrieron arbitrariedades primero al no investigar a fondo las llamadas, a la pareja, el auto, etc. Para ser exactos no fueron ni siquiera informados de lo que pasaba, siendo su derecho, no hubo apoyo jurídico ni psicológico para ellos.

5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

También estos derechos no fueron respetados para sus familiares. Lo que también constituye un hecho violatorio en agravio de la madre, toda vez que fue amenazada.

Capítulo III Deberes de los Estados

7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Al no haber medios eficientes de protección a las víctimas para cuidar de que no sean violentados sus derechos y no aplicar sanciones ejemplares al que violenta la ley, mucho menos tiene visos de erradicarla, ya que no existe en México una investigación de calidad.

RECOMENDACIONES.

1).- De Amnistía Internacional

Condenar e investigar los homicidios y las desapariciones de mujeres

Desde el reconocimiento público de las desapariciones y homicidios, resaltar la dignidad de las víctimas, ya que parece más dar la culpa y responsabilidad a ellas y sus familiares más que reconocer la ineptitud de la que es objeto el Estado. Su libre derecho a luchar y reclamar justicia. Su derecho a que se resuelvan sus casos de manera pronta y eficaz.

Aunque esta recomendación va en base a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es lo que todas las mujeres en este País necesitamos y queremos como ciudadanas.

2).- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención.

Se permite y se tolera la violencia en contra de la mujer.

264.- la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no comprende solo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino también la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización o empresa.

(…. ) medidas resultan aún insuficientes y que no existe para su ejecución la indispensable articulación entre los tres niveles de gobierno. Por otra parte, en las autoridades estatales y municipales aun existe tendencia a restar importancia y magnitud al problema y no se percibe igual disposición para encararlo a fondo y críticamente

266.- coordinación y participación entre todos los niveles de poder – federal, estatal y municipal – entre si, y con la sociedad civil,

(… ) no ha sido asumida claramente una política con perspectiva de género, lo cual resulta fundamental para alcanzar de estos objetivos, por lo que recomienda: coordinación ya que todos pretenden llevar a cabo actos aislados que no resuelven el problema real.

268. Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia ejercida sobre las mujeres en razón de su sexo, sus causas y consecuencias, y las respuestas sociales especificas que su situación requiere, en una perspectiva de eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de género.

(…..) PGR y de la PGJE cada cual actúa según corresponda a su fuero, por lo que tal medida, aunque ha sido un esfuerzo del Gobierno Federal, no garantiza el esclarecimiento cabal de los hechos, ni asegura que se pongan a disposición de los Tribunales los verdaderos culpables. Por todo ello recomienda:

Proponer al Gobierno Federal que valore la posibilidad de ejercer la atracción a nivel federal de los crímenes de violencia sexual no resueltos durante estos 10 años, – dada la responsabilidad del Estado ante la sociedad mexicana en su conjunto y la comunidad internacional de garantizar la plena vigencia de los derechos de la mujer reconocidos en la Convención (CEDAW). Al hacer esta propuesta el Comité se suma a la solicitud de las Comisiones Especiales del Senado y del Congreso de la Nación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Parlamento de Mujeres de México y de otras entidades nacionales e internacionales.

273. Preocupa al Comité que en los casos de homicidios y desapariciones no se ha procedido a investigar seria y profundamente cada caso, incluso se han ignorado denuncias de familiares y se han destruido evidencias y pruebas. Ha prevalecido la impunidad durante toda una década en la que estos crímenes se han tratado como violencia común del ámbito privado, ignorando la existencia de un patrón de discriminación, cuya manifestación más brutal es la violencia extrema contra la mujer. También preocupa al Comité la ineficiencia, la negligencia y la tolerancia de las autoridades encargadas de la investigación de los crímenes, las evidencias de fabricación de culpables bajo tortura y el hecho de que se consideren e informen como concluidos o resueltos los casos al ser presentados ante los Tribunales, aunque los inculpados no sean detenidos ni sancionados.

277. Preocupa al Comité las irregularidades de las investigaciones, la aparente incompetencia de las autoridades, las extrañas condiciones en que aparecen las víctimas, las irregularidades de las pruebas forenses, la cantidad de casos que permanecen sin identificar, la desorganización en que se plantea se encuentra la documentación de que se dispone, las cuales ofrecen un cuadro dramático de la situación.

279. por las autoridades locales que parecen ser insensibles ante las terribles situaciones que atraviesan. Expresa también su preocupación respecto a las dificultades enfrentadas en el acceso a la información sobre las investigaciones por parte de los familiares de victimas y sus representantes

Estas recomendaciones me parecen muy significativas para el caso de Lilia ya que es justamente de lo que careció la investigación, si es que la hubo, solamente tomaron información de todo pero en ningún momento se investigó a los y las conocidas y a la pareja de ella. No es posible, es inaudito que pregunten al taxista sobre el dueño del auto y posteriormente no sepan ni siquiera el nombre o el número de taxi, no contamos con verdaderos investigadores de hechos delictivos.

Las recomendaciones expresadas una y otra vez van en torno a la falta de profesionalización en la investigación, sensibilidad y al enfoque de género, es cierto no se han dado cuenta que esto no es un asunto privado sino un asunto del ámbito Público, un grave problema social y de salud pública que podría constituir un problema de seguridad Nacional.
Me parece magnífica la siguiente recomendación por lo que señalaba anteriormente.

280. Exigir que las madres y los familiares de las víctimas sean tratadas con el debido respeto, consideración, compasión y solidaridad a su dolor, en correspondencia con los principios de humanidad y sus derechos fundamentales como seres humanos y sancionar a las autoridades responsables de este trato cruel e inhumano.

La insensibilidad es total dentro de los y las funcionarias de la administración y procuración de justicia, no solo afecta a la víctima directa sino a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

281. De igual forma, expresa preocupación, por la situación de inseguridad que prevalece en Ciudad Juárez como consecuencia de las amenazas, persecuciones, agresiones y difamaciones de que son objeto las madres y familiares de las víctimas, así como sus abogados (as), e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil empeñadas en esta lucha. Aunque el sistema haya tratado de minimizar el problema.

Recordemos que la madre de Lilia fue objeto de amenazas, al grado de que sería entrevistada y por darse cuenta que la perseguían no pudo hacerlo aunque estaba acompañada, esto viene en el reporte de la Cedaw


El caso de Clara Tapia

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El caso de Clara Tapia

El 1 de julio del 2011 Clara Tapia fue a denunciar el secuestro y la violación de sus dos hijas, así como el maltrato infantil que sufría su hijo por parte de quien en ese momento era su pareja, sin embargo, la autoridad en lugar de investigar lo denunciado, decidió acusarla a ella por corrupción de menores argumentando que no había cumplido con su “rol de madre”.


FIRMA LA PETICIÓN: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA CLARA Y YAKIRI

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FIRMA LA PETICIÓN: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA CLARA Y YAKIRI

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA CLARA TAPIA Y YAKIRI RUBIO

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El 1 de julio del 2011 Clara Tapia fue a denunciar el secuestro y la violación de sus dos hijas, así como el maltrato infantil que sufría su hijo por parte de quien en ese momento era su pareja, sin embargo, la autoridad en lugar de investigar lo denunciado, decidió acusarla a ella por corrupción de menores argumentando que no había cumplido con su “rol de madre”.

El 9 de diciembre de 2013 Yakiri Rubí Rubio, denunció ante las autoridades capitalinas que había sido violentada sexualmente y que al defenderse de uno de sus agresores lo había lesionado en el cuello, sin embargo, ella terminó siendo acusada por la PGJDF por el delito de homicidio ya que uno de sus agresores había fallecido por las lesiones que ella en su defensa, le había propinado.

Tanto Clara como Yakiri estuvieron presas injustamente, Clara permaneció en prisión más de 3 años perdiendo su trabajo, su casa y desde luego sufriendo una afectación psicológica muy grave, mientras que Yakiri estuvo presa casi 3 meses, durante los cuales su imagen fue estigmatizada e incluso descalificada públicamente, provocándole también una afectación psicológica.

El 6 de Julio del presente año¸ la Comisión de Derechos Humanos del DF emitió la recomendación 6/2016 por los casos de  Yakiri Rubí Rubio y Clara Tapía Herrera, reconociendo que ambas habían sido víctimas de violencia hacia las mujeres y de violencia Institucional por parte de las autoridades de esta Ciudad, determinando que en sus casos se habían violado los derechos a una vida libre de violencia con perspectiva de género, al debido proceso y a la debida diligencia con perspectiva de género, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a su integridad personal.

Hoy estamos pidiendo a las autoridades que acepten integra esta recomendación y hagan un precedente positivo para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia hacia las mujeres, evitando que casos como éstos, se sigan repitiendo sistemáticamente.

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Con esta aceptación, las autoridades se comprometen a:

  1. Que se indemnice de manera integral a las víctimas, por concepto de daño material e inmaterial.

  2. Realizar un acto público donde se reconozca la responsabilidad de los actos cometidos en contra de las víctimas.

  3. Garantizar el acceso a la justicia y que no se sigan vulnerando sus derechos.

  4. Investigación adecuada y en su caso sanción a los servidores públicos responsables.

Para Yaki y Clara la aceptación de la recomendación es muy importante, ayúdanos a que esto sea posible para que ninguna mujer vuelva a ser víctima de la violencia #NoTeCalles

                                                       ¡Firma la petición!

                http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2016/07/recomendacion-62016/ 

Esta petición será entregada a:

  • Procuraduría General de Justicia del DF

  • Tribunal Superior de Justicia del DF

  • Consejo de la Judicatura del DF

Clara y Yaki

 

FIRMA AQUÍ LA PETICIÓN


Exigen abogados revisión del peritaje caso Esmeralda Castillo

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Exigen abogados revisión del peritaje caso Esmeralda Castillo

Exigen abogados revisión del peritaje de caso Esmeralda Castillo


Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos

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Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exige a autoridades capitalnas indemnizar económicamente dos mujeres víctimas de violencia institucional y de género, garantizar su rehabilitación física y dar “garantías de no repetición”.

Yaki y Clara

Por primera vez una autoridad gubernamental deberá disculparse de forma pública e indemnizar económicamente a dos mujeres a las que se practicó violencia institucional y género, de acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Las mujeres fueron agredidas, en 2011 y 2103, por instituciones públicas,debido a su condición de género, estableció la Comisión de Derechos Humanos capitalina, luego de analizar las quejas presentadas por las víctimas.

Basada en los casos de Yakiri Rubio y Clara Tapia, la Comisión concluyó, en su recomendación 6/2016, que en la Procuraduría General de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México prevalecen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Lo anterior trajo como consecuencia que Yakiri y Clara recibieran “un trato discriminatorio” por parte de las autoridades, las cuales actuaron basándose en “estereotipos de género”, causándoles una segunda agresión.

Se trata, según explicó Karla Michel Salas, abogada de ambas víctimas, de dos casos “emblemáticos que reflejan la violencia estructural que viven las mujeres en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México”.

La recomendación señala que, con su mala actuación, las autoridades de justicia violaron no sólo el derecho que tienen las víctimas a una vida libre de violencia, sino también su derecho a un debido proceso judicial, su derecho a acceder a la justicia, su derecho a que su integridad personal sea garantizada, así como su derecho a no ser víctimas de violencia institucional.

Lee el especial: La violencia contra las mujeres (no) es normal.

Yakiri: encarcelada por actuar en legítima defensa

El 9 de diciembre de 2013, Yakiri Rubio fue sometida por dos hombres, quienes la trasladaron a un hotel ubicado en la colonia Doctores, donde la golpearon, la violaron y uno de ellos intentó matarla, infringiéndole varias heridas con una navaja. Yakiri repelió la agresión y forcejeó con el agresor, quien resultó lesionado con una herida en el cuello, la cual le provocó la muerte.

Yakiri huyó del hotel y encontró a un policía de investigación, con quien denunció lo sucedido. Increíblemente, fue ella la que resultó acusada de homicidio y procesada penalmente.

No fue sino hasta una semana después de la agresión, el 17 de diciembre de 2013, que las autoridades gestionaron la atención psicológica y médica requerida para los casos de violación. Todo eso sucedió cuando Yaikiri se encontraba dentro del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa María Acatitla.

Casi tres meses después de la agresión y de la reclusión de Yakiri, se reclasificó el delito de homicidio calificado a homicidio cometido con exceso de legítima defensa, quedando en libertad provisional.

Finalmente, el 21 de mayo de 2015, a más de un año de los hechos, un juez la absolvió de todo delito, ya que, concluyó, ella procedió en legítima defensa.

Hasta la fecha, el segundo agresor de Yakiri no ha sido procesado por ningún delito y permanece en libertad.

Clara: procesada por ser esposa de un “monstruo”

El 27 de junio de 2011, Clara Tapia acudió a las instalaciones de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, perteneciente a la PGJDF, para interponer una denuncia contra su ex pareja, a quien acusaba de mantener secuestradas a las hijas que habían procreado, impidiéndole verlas, a las cuales, además, sometía a explotación y violencia física y sexual.

A cambio de la promesa de que podría ver a sus hijas, su ex pareja la sometió a actos de violencia, intimidaciones, insultos, amenazas, e incluso le impuso limitaciones para comer o asearse.

La Fiscalía recibió la denuncia, pero no hizo nada para rescatar a las menores.

La PGJDF tardó tres meses para salir en busca de las víctimas, y sólo lo hizo cuando Clara, por investigaciones propias, pudo localizar el sitio en donde las mantenían privadas de la libertad.

Ese parecía el final del calvario para Clara, quien por fin podría recuperar a sus hijas; sin embargo, el 5 de septiembre de 2011, día en que las menores fueron rescatadas, ella fue arrestada por la Procuraduría capitalina, acusada de ser cómplice en las agresiones que las niñas sufrían a manos del padre.

Según la Procuraduría, entonces encabezada por el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Clara sufría “la necesidad de mantener a toda costa la relación con el acusado” y por ello, según la versión oficial, habría permitido que sus hijas fueran sometidas a abusos.

Clara fue exhibida ante medios de comunicación por el mismo Mancera, quien la señaló como abusadora de menores en el programa televisivo “La historia detrás del mito”.

Clara pasó tres años encarcelada en el Penal de Santa Martha, luego de que un juez determinó que “carecía de autonomía” para impedir los abusos que ella y sus hijos sufrieron a manos de su ex pareja.

Jorge Antonio Iniestra Salas, a quien los medios llamaron “El Monstruo de Iztapalapa”, recibió una sentencia condenatoria de 251 años de prisión por dos homicidios dolosos, secuestro, violencia familiar, explotación laboral y corrupción de menores.

El papel de las autoridades, según Derechos Humanos

Para la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Yakiri y Clara no sólo fueron víctimas de las personas que directamente las agredieron, sino que tambiénfueron presa de un problema generalizado de violencia contra las mujeres, ejercida desde las instituciones encargadas de velar por la justicia en la Ciudad de México.

Según la CDHDF, tanto en la Procuraduría General de Justicia como en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México existen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Yakiri y Clara, subraya la recomendación 6/2016, “después de haber sido víctimas de diferentes tipos de violencia, acudieron a los órganos de procuración e impartición de justicia y se enfrentaron a un sistema que, en lugar de protegerlas y administrarles justicia… les dio un trato discriminatorio, por estereotipos de género y fueron revictimizadas”.

La Comisión de Derechos Humanos concluyó que ambas instituciones –la primera encargada de perseguir a los presuntos delincuentes, y la segunda responsable de juzgar su culpabilidad o inocencia– siguen sin aplicar los preceptos incluidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de que esta ley está vigente desde diciembre de 2014.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió a la Procuraduría y al Tribunal que, además de disculparse públicamente, deberán adoptar “investigaciones y procesos libres de estereotipos”, así como otras medidas necesarias para combatir la discriminación contra las mujeres desde las instituciones de gobierno, para que casos como los de Yakiri y Clara no vuelvan a repetirise.

Asimismo, el ombudsman capitalino exigió a las autoridades capitalnas indemnizar económicamente a ambas víctimas, garantizar su rehabilitación física, así como proporcionarles “garantías de no repetición”.

CLICK AQUÍ PARA LEER LA RECOMENDACIÓN COMPLETA

ANEXO 1

ANEXO 2


Gabriela y Clara, las víctimas del llamado Monstruo de Iztapalapa

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Gabriela y Clara, las víctimas del llamado Monstruo de Iztapalapa

Fuente: Proceso.com.mx

[http://www.proceso.com.mx/343565/gabriela-y-clara-las-victimas-del-llamado-monstruo-de-iztapalapa]

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- El día en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) puso fin a seis años de cautiverio, golpizas y recurrentes abusos sexuales contra Gabriela, fue el mismo que la joven, de entonces 21 años, perdió la esperanza de reencontrase con su madre, toda vez que Clara Tapia Herrera fue encarcelada.

De tez morena y gestos amables, Gabriela es hoy una joven que intenta superar el tiempo que pasó retenida en una habitación, a sus 15 años, por Jorge Antonio Iniestra Salas, el llamado Monstruo de Iztapalapa, quien la secuestró junto con su hermana Rebeca, de entonces 12 años.

Sin la intención de culpar a su madre, el testimonio de Gabriela fue clave para que la PGJDF acusara a Clara Tapia de ser cómplice de Iniestra Salas. Le imputaron los delitos de corrupción de menores y violencia familiar, a pesar de que ella nunca avaló los abusos físicos y sexuales que sufrieron sus hijas.

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El recuento

Gabriela recordó que en las tardes su oído se volvía más agudo y podía escuchar los pasos de su secuestrador cada vez que subía a las escaleras para entrar en la habitación. Sabía que si se portaba mal él le pegaría hasta cansarse, y si se portaba bien abusaría de ella, como lo hizo tantas veces.

Tras una larga espera, la noche del 5 de septiembre de 2011 llegó su liberación. En la casa donde estaba retenida, las autoridades capitalinas también encontraron cuatro de los cinco niños que Iniestra Salas había procreado con Gabriela y su hermana —a quien asesinó a golpes un día de 2009 junto con una de las niñas.

Ese día, Gabriela también fue interrogada y perdió toda oportunidad de ver a Clara. Temerosa de que en cualquier momento llegara Jorge Antonio, y recordando que en varias ocasiones él le dijo que si alguien los descubría ella tenía que suicidarse, Gabriela fue entrevistada por la trabajadora social Irma Raquel Sierra Suárez.

Así que ella dijo lo que “sabía que debía decir”: que su mamá “no las atendía, no mostraba interés, no las cuidaba y no las quería”. Tal como lo dijo Jorge Antonio, quien durante años le hizo creer que “los títulos se ganan”, y que Clara no merecía ser llamada madre, que era diferente a ellos y tampoco merecía su atención.

Lo que ella no supo es que al día siguiente, el 6 de septiembre, en el búnker de la PGJDF, se presentaba ante los medios de comunicación, como presuntos secuestradores, a Iniestra Salas, cinco personas más —entre ellas dos de sus hermanas y un hermano— y a Clara, la madre con la que quería regresar.

Las pruebas

En su declaración, la joven, hoy de 23 años, acusó a su madre con tal vehemencia que esta prueba fue sustancial para encarcelar a Clara, quien lleva más de dos años en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, acusada de corrupción de menores y violencia familiar, aunque nunca golpeó ni humilló a su hija.

Pero los abogados aseguran que esta prueba se ha desvanecido. Después de recibir terapia sicológica, de vivir en libertad y bajo el resguardo de la PGJDF, la joven considera que la relación que para su captor era normal en realidad era un abuso, y que su madre, al igual que ella, fue víctima de esa situación.

La Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) determinó en febrero de 2012 que Clara también vivió actos violentos, porque fue sacada de su casa, se le restringió el vestido y la comida, y se le condicionó la información sobre sus hijas a cambio de dinero.

Con esta resolución se eliminó el delito de violencia familiar y, por tanto, quedó el cargo de corrupción de menores, por el cual Clara es todavía acusada.

Los abogados David Peña Rodríguez y Karla Michel Salas sostienen que hay elementos suficientes para dejar en libertad a Clara, toda vez que ella nunca avaló los abusos, y aunque en junio de 2009 supo que el sujeto se llevaba a sus hijas, no supo a dónde ni pudo hacer nada porque fue amenazada con que les haría daño si se entrometía.

Sin acusación

Para los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos es claro que la parte acusadora debe demostrar la culpabilidad.

Gabriela, como víctima, debería demostrar la culpabilidad de su madre. Sin embargo, se ha retractado de las acusaciones y ha manifestado que desea reencontrarse con Clara.

Con estos argumentos, en enero pasado los abogados presentaron ante el Juzgado 64 penal, a cargo del juez Casiano Carlos Morales García, una petición de “desvanecimiento de datos”; es decir, un recurso jurídico para explicar que no hay elementos para juzgar a Clara, pues ya no hay acusación.

El pasado 15 de febrero, sin embargo, el juez resolvió que no era procedente la libertad por desvanecimiento de datos. Aseguró que las pruebas aportadas por la defensa de esta mujer de 44 años serían valoradas una vez que se dictara la sentencia.

Aún así los abogados insisten en que mantenerla en prisión con pruebas que ya no existen (las declaraciones de Gabriela) viola sus derechos humanos, por lo que apelaron la negativa ante la Sala Octava del TSJDF, que tendrá que valorar si ampara a la víctima o da la razón al juez.


Dos casos “emblemáticos que reflejan la violencia estructural que viven las mujeres en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México”: Karla Michel

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Dos casos “emblemáticos que reflejan la violencia estructural que viven las mujeres en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México”: Karla Michel

Yakiri Rubio y Clara Tapia sufrieron violencia por parte de la PGJ y el TSJ capitalinos: CDHDF


LILIA ALEJANDRA GARCIA ANDRADE: ASESINADA EN 2001, SU CASO SIGUE IMPUNE

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LILIA ALEJANDRA GARCIA ANDRADE: ASESINADA EN 2001, SU CASO SIGUE IMPUNE

Texto, Fuente: Voces por la Esperanza en Ciudad Juárez

El 21 de febrero de 2001, localizaron dentro de una sobrecama floreada de color gris y crema el cadáver de Alejandra en un campo abierto ubicado frente a un centro comercial de Ciudad Juárez Chihuahua.

Ella contaba con 17 años de edad, era empleada de una maquiladora, madre de dos pequeños, Jade de 2 años y Kaleb de 5 meses, lo cual explica las estrías de su abdomen, en el reporte legista. Desapareció el 14 de febrero del mismo año y reportada como desaparecida 16 del mismo mes; aparece su cuerpo semienterrado, desnudo de la cintura a los pies, aunque éstos los traía cubiertos con calcetines y se determina que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, sin embargo había huellas de tortura, señales en las muñecas de haber sido “esposada” (versión extraoficial), violentada sexualmente y de manera tumultuaria.

Dentro de las investigaciones sobre el caso, existe una declaración de una persona que vende hog dogs en el garage de su casa, señalando que el 19 de febrero platicaba en su puesto con un muchacho cuando una muchacha en un coche le dijo que llamara a la policía ya que en el carro blanco están golpeando a una muchacha, que ella fue por sus binoculares y vio que era un Thunderbird blanco con vidrios oscuros, vio que dentro del auto forcejeaba una muchacha chiquita a quien se le veían los tenis o calcetines blancos y un joven. Llamó al 060 alrededor de las 10.20 p.m. y le contestó que enviarían a una patrulla, pero pasó el tiempo y ésta no apareció y veía que en el carro se movían las personas, por lo que pensó que estaban teniendo relaciones sexuales, pero que en realidad no se veía muy bien, que al lado del coche vio a una mujer con bolsas del mandado quien se detuvo a ver qué pasaba dentro del auto y después se retiró y le preguntó qué le había llamado la atención y contestó que estaban golpeando a una muchacha en el carro y que estaba sin ropa, que en esos momentos se escucharon unos gritos y ella llamó nuevamente a la policía cuando le contestaron que eran las 11.05 de la noche y que iba entrando a trabajar, que desconocía lo que pasaba y que enviarían otra patrulla; como a los 5 minutos de esa llamada el conductor del auto prendió el motor y se fue desconociendo el rumbo, al poco rato la patrulla y dos carros mas andaban por el sector y los policías le dijeron que apenas les había informado.lilia alejandra

Unos policías refieren que un taxista señaló que ese auto pertenece a un señor al que apodan “Bronco” que es distribuidor de droga, que desde que salió publicada dicha noticia ya no lo han vuelto a ver en el auto. Acudieron al lugar pero estaba solamente un tipo llamado “el Potro” sin ver ni al auto ni al Bronco, señalando así mismo el FBI que el dueño del auto es amigo de un narcotraficante muy peligroso.

Fueron practicadas pruebas de ADN a la pareja de Lilia Alejandra y no coincidieron con las seminológicas encontradas en el cuerpo de ella, y dos días antes de que fuera localizado el cuerpo se recibió la llamada sobre el auto, pero también se señaló que hubo una denuncia a través de una llamada anónima en la que un hombre decía haber visto a los dueños de un circo cómo subían a la agraviada y posteriormente cómo la tiraron, sin embargo lo relevante de esto fue que ellos manifestaron saber quien hizo la llamada un señor T22, de quien se tienen dos cassettes pero la Procuraduría carecía de los implementos para analizarlos. Esto se descubrió tiempo después que fue todo organizado por la fiscal Suly Ponce pretendiendo dar fin al caso pero inculpando a un inocente, el trabajador del circo, quien denunció que Ponce le ofreció una suma fuerte de dinero y sacarlo pronto de la cárcel si se confesaba culpable.

El T22 es un hombre que tiene un negocio, a donde acudieron las autoridades pero no se le encontró ya que vivía en Estados Unidos y poco iba a Ciudad Juárez y aunque siguieron esa línea de investigación, se conformaron solo con saber que no había antecedentes en readaptación social. T22 refirió que supo de la muerte de la joven la cual coincidía con la filiación de T45 y al escuchar el cassette precisó que la voz era idéntica a la de él negándose a firmar la diligencia y que consultaría a su abogado.
Por otra parte y siguiendo la pista del auto, un taxista que fue entrevistado por los policías judiciales les dice que es de un sujeto a quien apoda T21, pero no se cuenta con el nombre del taxista ni con el número de taxi, asimismo, no existe declaración ministerial al respecto ni citatorio girado por a Fiscalía para obtener dicho testimonio.

En referencia a la llamada a la central de emergencias del 060 no se ha realizado ninguna acción por parte de la fiscalía. Se solicitó que se investigara a la escuela de computación del centro de la ciudad ya que Lilia quería trabajar ahí, también con respecto a una llamada telefónica en que decían que los dueños de E46 eran los responsables de su muerte, etc.

En cuanto a las irregularidades del caso se puede percibir que todo estuvo plagado de ellas, desde el momento en que las líneas de investigación no fueron agotadas, las líneas de emergencia son un fraude, si estas funcionaran y prestaran el debido auxilio habría menos muertes de mujeres que lamentar, sin embargo no puede pasar desapercibido que el trabajo de investigación fue superficial y poco profesional, quizá fue una mas, una de tantas, una mujer pobre. Servicios periciales no cumplió tampoco con su función de allegarle datos al ministerio publico y sin embargo lo culpa de no habérselo pedido por escrito, cosa que demuestra la apatía de ambos servidores públicos y el poco profesionalismo de las autoridades involucradas en el caso.

No se siguió una o varias de las líneas de investigación, pero por supuesto no faltaron las amenazas de muerte a la familia de Lilia Alejandra, así como tampoco estar ligada al consumo y venta de drogas, como si eso justificara su muerte, como también se trata de justificar la agresión de mujeres por su comportamiento público.


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CASO ESMERALDA CASTILLO RINCON

DELITO: DESAPARICION, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD

FECHA: DENUNCIADO EN 2009

VÍCTIMA: ESMERALDA CASTILLO RINCON

RESPONSABLES: QUIEN RESULTE RESPONSABLE

ACTUACIÓN EN: Rastreo en el Arroyo del Navajo los días 31 de julio y 1 agosto 2015 (por la entrega de un resto óseo presuntamente de Esmeralda).

23 comparecencias ante el Ministerio público y el fiscal.

7 manifestaciones 1 afuera de Presidencia Municipal

2 afuera del Centro de Justicia para la mujer y

4 afuera de Fiscalía General

I mini rastreo con periodistas donde se encontraron 5 restos oseos.

Protesta silenciosa ante el gobernador del edo. de Chihuahua en foro de presentación de documental de la nueva imagen de Juárez.

28 de enero celebración de cumpleaños de Esmeralda  (con una carrera).

19 de mayo rueda de prensa para exigir la búsqueda de Esmeralda un año más a siete de su desaparición

 


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CASO LILIA ALEJANDRA GARCIA ANDRADE

DELITO: VIOLACION, PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, HOMICIDIO

FECHA: DENUNCIADO EN 2001

VÍCTIMA: LILIA ALEJANDRA GARCIA ANDRADE

RESPONSABLES: QUIEN RESULTE RESPONSABLE

ACTUACIÓN EN:

Reunión con el fiscal Jáuregui 28 de agosto para solicitarle los nombres de las mamas de las otras víctimas en el caso de Alejandra

7 de agosto de 2015 se localizaron a las demás familias para tener una primera reunión

29 de octubre 2015 Reunión con el fiscal Jáuregui para solicitarle avances del caso dándonos una cita para hablar con los agentes  que están analizando el expediente, (pendiente llevarse a cabo).

30 de octubre 2015. Se tuvo un primer acercamiento con las. madres acudiendo Velia Quintanilla y Norma Andrade en el edificio Vallina acordando trabajar en conjunto los casos.

Conmemoración de aniversario luctuoso 14 de febrero:

Se repartieron paletas con frases de prevención y cubos a adolescentes y niñas en el jardín Hidalgo en la delegación de Coyoacán.

19 Febrero se realizó un foro (CINE DEBATE) con la proyección del Documental Bajo Juárez en la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal.


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CASO KARLA ROMERO TEZMOL

DELITO: DESAPARICION ESTADO DE TLAXCALA

FECHA: DENUNCIADO EN ENERO DE 2016

VÍCTIMA: KARLA ROMERO TEZMOL 11 AÑOS DE EDAD

RESPONSABLES: QUIEN RESULTE RESPONSABLE

ACTUACIÓNES: se está dando acompañamiento a la familia en coordinación con otra organización

·Rueda de prensa enero

·Lanzamiento de campaña de alerta Amber por parte de brigada ciudadana

·Acompañamiento a denuncia Procuraduría General de la republica

·Acompañamiento a denuncia a fiscalía especial para los delitos de violencia en contra de la mujer

·acompañamiento a volanteo en Tlaxcala y Puebla

·Acompañamiento Reunión con la procuradora de Tlaxcala


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CASO CLARA TAPIA HERRERA

DELITO: Violencia familiar, Privación ilegal de la libertad, Explotación laboral, Corrupción de menores

FECHA: DENUNCIADO EN 2012

VÍCTIMA: CLARA TAPIA HERRERA

RESPONSABLES: JORGE ANTONIO INIESTRA SALAS

ACTUACIÓN EN LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE DISTRITO FEDERAL: Actualmente se está dando seguimiento al caso  y se está en espera de la Recomendación que esta por emitir la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal.

 


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CASO JESUS ROMERO COLLIN

DELITO: PEDRASTIA

FECHA: DENUNCIADO EN 2007

VÍCTIMA: JESUS ROMERO COLLIN

RESPONSABLES: CARLOS VALDES

ACTUACIÓN DE LA PGJDF: Actualmente se está exigiendo a el Ministerio público se libere orden de aprehensión en contra de su agresor.

Acompañamiento jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal para la emisión de la recomendación

 

 


MÉXICO CUMPLE A MEDIAS SENTENCIA DE LA CORTE SOBRE FEMINICIDIOS DE JUÁREZ

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MÉXICO CUMPLE A MEDIAS SENTENCIA DE LA CORTE SOBRE FEMINICIDIOS DE JUÁREZ

De las 15 disposiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso al gobierno mexicano en el tema, sólo ha cumplido una

mujer campo algodonero

Ver Foto Galería Expansión.com 

Los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, siguen esperando que el Estado mexicano cumpla “a cabalidad” con la sentencia que emitió hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La Corte declaró culpable al gobierno por no garantizar la “vida, integridad y libertad” de las víctimas, por discriminarlas y dejar impunes sus crímenes; en el caso de tres de las ocho mujeres que fueron torturadas, violadas y asesinadas en 2001 y cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Juárez.

Esta sentencia del 10 de diciembre de 2009, conocida como Campo Algodonero, condena lanegligencia de las autoridades locales, obliga al Estado a asumir su responsabilidad, pedir perdón, crear un protocolo para la investigación de estos casos, indemnizar a los familiares, retirar a los funcionarios que no actuaron conforme a sus obligaciones, abrir nuevas líneas de investigación ycondenar a los responsables de los asesinatos.

De las 15 disposiciones a cumplir, oficialmente, sólo una está terminada: la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación.

Otras dos están en proceso: la indemnización y la construcción de un memorial.

El Estado mexicano tenía como plazo un año para cumplir varios de estos puntos tras la sentencia. Otros, como la capacitación de funcionarios en cuestiones de género, pueden esperar hasta tres años.

“No me interesa la indemnización, es lo de menos. Pero no quiero morirme y saber que los culpables de la muerte de mi hija siguen libres. No quiero que nadie más sufra la angustia que yo sufrí porque los policías no saben hacer su trabajo”, dice Irma Monreal, madre de una de las víctimas involucradas en la sentencia histórica.

Irma cuenta que, en octubre pasado, sintió “terror” al imaginar el sufrimiento de su hija Esmeralda hace nueve años, cuando desapareció al salir de su trabajo en una maquiladora.

La madre, de 57 años, narra que esperaba el autobús que la llevaría a su trabajo en El Paso, Texas, cuando un hombre intentó meterla a un automóvil con jaloneos, pero se frustró cuando las personas que también esperaban el transporte se alarmaron con sus gritos.

Todos los recuerdos volvieron. Imaginarme lo que debió sufrir mi niña me dejó deprimida. Ya no quería salir de mi casa, nada más que soy la única que trabajo y no puedo quedarme encerrada, segura“, cuenta en entrevista con CNNMéxico.

El cuerpo de su hija fue encontrado nueve días después de su desaparición. Desnudo, con lasmanos amarradas, un seno mutilado y el pezón del otro arrancado. Su rostro era sólo una osamenta y las autoridades tardaron cuatro años en cerciorarse de que era ella, porque las pruebas de ADN se perdieron varias veces o se contaminaron.

“En todo ese tiempo tuve la angustia de no saber si era mi hija, pensando que Esmeralda podía seguir viva pero ya nadie la estaba buscando, y pensando que ella todavía estaba sufriendo”, dice Irma.

Según la red de organizaciones Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre 1993 y 2003 fueron asesinadas más de 400 mujeres por violencia de género en esa región. En 2009 asesinaron a 130, y en lo que va de 2010 la cifra alcanzó ya 150.

Una lucha en solitario

Irma, junto con las madres de dos de las ocho mujeres asesinadas y enterradas en el campo algodonero emprendieron una batalla solas.

Mandaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo su caso: la escribieron “con ignorancia y faltas de ortografía”, se disculpan. Uno de sus abogados les había hablado de esta alternativa cuando llevaron el juicio ante tribunales mexicanos. No pudieron costear los servicios de defensa y entonces tomaron la decisión de hacerlo por su cuenta.

El campo algodonero es un inmenso terreno árido e infértil. La mayor parte es propiedad privada, donde se han construido hoteles y centros comerciales. Sólo una fracción, que era propiedad de la Comisión Nacional del Agua, será utilizada para construir un memorial en honor a las víctimas, como lo establece la sentencia internacional, para homenajear a todas las mujeres juarenses víctimas de la violencia.

Los términos del fallo ordenan a las autoridades consultar a los familiares de las víctimas sobre cómo tendría que ser este memorial. Las autoridades municipales publicaron una convocatoria en diarios impresos para que la población opinara al respecto.

No obstante, el secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, Héctor Arcelus, reconoce en entrevista con CNNMéxico que nunca se estableció contacto con las víctimas y sus representantes.

La sentencia también va dirigida al gobierno federal y le exige ofrecer una disculpa pública a los familiares por las omisiones judiciales del caso.

La construcción del memorial tendrá un costo de 16 millones de pesos; la Secretaría de Gobernación aportaría 10 millones y el gobierno del estado de Chihuahua 6 millones.

“Tendría que ir el propio presidente Felipe Calderón a pedir perdón, pero no. Van a mandar a cualquier subsecretario a anunciar algo de lo que no nos avisaron. Ninguno de los familiares se va a presentar al evento“, dice Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que asumió la defensa de las tres mujeres.

La secretaría de Gobernación difundió el viernes que el acto público de reconocimiento de responsabilidad se realizará e 8 de marzo de 2011, por decisión de las familias.

La respuesta del Estado Mexicano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió también a las autoridades mexicanas hacer un registro con información genética de las mujeres desaparecidas, además de capacitar a sus funcionarios para que las víctimas “no enfrenten la negligencia” que sufrieron Irma y las otras dos madres.

La Procuraduría de Chihuahua tiene en su sitio de Internet fotografías y datos de mujeres desaparecidas, pero no información genética ni un registro del número de cuerpos encontrados.

La secretaría de Gobernación anunció el 29 de julio “avances en el cumplimiento de estasentencia”, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Laura Carrera, encargada de la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la secretaría de Gobernación, dijo que el gobierno federal mantiene el contacto con las autoridades estatales para dar cumplimiento a la sentencia.

Incluso, dice, se elabora una campaña de concientización entre empleados del gobierno municipal y otra de prevención para la población en general, que próximamente se dará a conocer.

Pero los abogados de las familias afectadas dicen que han sido medidas insuficientes.

“Todos los puntos de la sentencia los han cumplido a medias o mal, el banco nacional de información genética está incompleto, no sirve para encontrar los cuerpos”, dice Karla Michel.

Laura Carrera admite que no hay manera de medir el alcance de los feminicidios en el país, menos de realizar una base de datos completa. “Si las autoridades estatales no colaboran, porquelegalmente no existen los feminicidios, nunca sabremos el verdadero tamaño del problema”.

De no cumplir sus obligaciones, el Estado mexicano se hace acreedor a señalamientos y llamados de atención por parte de la CoIDH, pero no existe otro tipo de sanciones.

“El dolor destruye familias”

Irma y su familia viven en una colonia popular. Si de algo le servirá el dinero de la indemnización, según dice, será para dejar la ciudad, esa que “apesta a puro muerto“.

Ella aún tiene dos hijos, los mismos que trataron de quitarse la vida cuando Irma lidiaba con su propia depresión por la desaparición de su hija.

Reconoce que los especialistas de la Secretaría de Salud estatal los han atendido a nivel psicológico y psiquiátrico, cuando los recursos ya no son suficientes para pagar los médicos.

El dolor te puede volver loco, destruye familias y vidas enteras. Ya lo único que quiero es que ninguna de mis hijas, ni yo, ni ninguna madre o muchachita en Juárez, pase por el mismo infierno”, dice.


Línea del tiempo

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Línea del tiempo

Cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero

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En este sitio tendrás información de primera mano para conocer, dar seguimiento, difundir y exigir al gobierno mexicano  el cumplimiento de la sentencia de campo algodonero.

En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Edo. mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.

El sitio presenta la sentencia en cinco secciones: la condena (decisiones, disposiciones y puntos resolutivos), las  víctimas del caso (de feminicidio de Campo Algodonero, las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, y violencia en contra de defensoras), el contexto de feminicidio en Cd. Juárez, los documentos relacionados con el caso y una línea del tiempo de los sucesos del caso y del seguimiento de la sentencia.

En condena encontrarás que cada punto tiene un semáforo que indica si el gobierno mexicano ha cumplido. Colabora con  tu opinión, comentarios, análisis, vínculos y/o investigaciones en los foros de cada uno de los puntos resolutivos. Nos importa y valoramos mucho tu colaboración en la vigilancia de esta sentencia.

La participación social y ciudadana en la documentación de cómo se acata esta sentencia, así como el debate y análisis sobre la calidad e impacto real de las acciones del Estado relacionadas con la resolución son indispensables para hacer realidad la reparación de los daños.

¡Lee, infórmate, participa, documenta, exige!


Sentencia sobre Campo Algodonero sentará precedente para AL

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Sentencia sobre Campo Algodonero sentará precedente para AL

Por: Lourdes Godínez Leal

CIMAC | México DF.- 17/08/2009La sentencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, que se espera a finales de este mes o en septiembre próximo, por el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, sentará un precedente para toda América Latina en el tema del feminicidio, si se analiza a fondo y teniendo como eje principal la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará).

Así lo señalaron los abogados peticionarios ante esta instancia, Karla Michel Salas y David Peña, quienes explican que el caso del Campo Algodonero es el primero en llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de las mujeres y que demuestra, según su argumentación jurídica, que no es un caso aislado sino que forman parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos de las mujeres por el sólo hecho de serlo. De ahí, señalan, la importancia de la resolución de la Corte.

Cabe recordar que originalmente fueron 8 los cadáveres hallados en este predio conocido como Campo Algodonero los días 6 y 7 de noviembre de 2001, pero únicamente tres fueron presentados ante el Sistema Interamericano, ya que del total tres resultaron no corresponder a las identidades adjudicadas por las autoridades de acuerdo al informe presentado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Es por ello que solamente se presentaron los casos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Berenice Ramírez, mismos que fueron admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2006 y un año más tarde, en diciembre de 2007, por la CoIDH.

Los representantes legales de las tres madres de las víctimas de este caso dijeron a Cimacnoticias que “esperan que esta instancia internacional analice y emita la sentencia del caso a la luz de la Convención Belém Do Pará, lo que servirá de precedente para todas las violaciones de derechos humanos de las mujeres de la región”.

karla michel

Karla Michel Salas detalló que tras estos 7 años de trabajo que llevan ya en el caso de Ciudad Juárez, lo que buscan con la sentencia de la Corte es “meterla en el fondo del asunto, ya que para alcanzar la justicia tiene que conocer de todos los casos y saber que las mujeres asesinadas y desaparecidas en su mayoría eran migrantes, niñas, pobres, lo que implicaría un análisis más a fondo de la Belém Do Pará”, insistió.

PERMISIBILIDAD SOCIAL, FACTOR DE IMPUNIDAD

Para David Peña, la violencia de género, la impunidad y la permisibilidad social en esta entidad fronteriza con Estados Unidos han fomentado la escalada de violencia en contra de las mujeres, tan sólo en lo que va de este año, informó, van 22 mujeres desaparecidas todas ellas menores de edad (entre 12 y 17 años de edad), lo que significa una desaparición al mes.

Pese a que se ha documentado reiteradamente la ineficacia de las autoridades para iniciar las investigaciones en caso de las desapariciones, a la fecha no se han cambiado los protocolos de investigación y las madres tienen que esperar las 72 horas para denunciarlas y todo ello observó, también fue documentado ante la CoIDH.

De acuerdo a los abogados Salas y Peña, durante la audiencia sostenida el pasado 28 de abril para este caso, los jueces de la Corte reconocieron que existen graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, por lo que ésta tendrá “la oportunidad de evaluar las acciones del Estado mexicano para terminar con la violencia en Juárez”.

SE ESPERAN MÁS QUE RECOMENDACIONES

Además precisaron que el Estado mexicano reconoció la existencia del feminicidio en la entidad, así como en otras partes de la República Mexicana, por lo que agregaron que la sentencia de la Corte será el primer instrumento internacional jurídico que reconocería al feminicidio, no propiamente con una definición jurídica, pero sí habría un reconocimiento como tal.

Por ello es que sus expectativas son que la sentencia sea condenatoria y que vaya más allá de “recomendaciones”.

Precisaron que dentro de las reparaciones pidieron a la Corte se pronuncie para que exista una prohibición expresa para los servidores públicos de negar la existencia del feminicidio o minimizarlo, así como culpar a las víctimas.

También la indemnización del daño moral, material y económico para las familias de las víctimas y garantías de no repetición, para lo cual solicitan medidas de carácter legislativo como la modificación del Protocolo Alba, que funciona como una especie de alerta para las autoridades, en caso de reportarse la desaparición o extravío de una mujer y que tiene como finalidad la articulación de acciones por parte de las autoridades para su localización, mismo que entró en vigor en la entidad el 12 de mayo de 2005.

Asimismo, pidieron claridad en el tema de la atracción para que la Federación pueda conocer de casos de violación a derechos humanos de mujeres y que haya un protocolo específico de investigación para los homicidios de mujeres.

También pidieron que el Estado mexicano establezca leyes concretas y específicas para el apoyo a las víctimas.

Finalmente señalaron que dependerá del resultado de la sentencia que más casos lleguen al Sistema Interamericano, donde actualmente se encuentran aún en espera de respuesta por parte de la CIDH dos casos más de femincidio: el de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera, presentados en 2002 ante esta instancia

09/LGL/GG


Grettel Rodríguez Almeida

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Grettel Rodríguez Almeida

“Este caso se considera como uno de los 5 peores casos en el mundo, por la mala aplicación de la justicia con perspectiva de género.”

 

El 16 de septiembre de 2009 Grettel Rodríguez Almeida decidió concluir su noviazgo con Germán Alyn Ortega Hernández, a causa de la violencia que constantemente vivía dentro de la relación.

Los hechos ocurrieron cuando estaba en su casa, con su familia y el entonces novio, cuando le habló un amigo, al terminar la llamada, Germán, le dijo que no quería que volviera hablar con su amigo y con ningún otro más, ella le dijo que eso era absurdo y que no lo iba a hacer. Él se molestó, la golpeo, tomó un cuchillo de cocinero, de 30 centímetros de largo, con el que la apuñaló hasta siete veces, le agarró la cabeza y le cortó la yugular.

 Le produjo heridas de 12 centímetros en una mejilla, y de 14 centímetros en la otra, en el cuello le seccionó la yugular, y también le produjo heridas en el tórax, abdomen y muñecas de ambas manos. Al escuchar los gritos, los padres de la joven acudieron en su auxilio y la llevaron a una clínica.

Grettel se salvó gracias a que sus padres (que dormían en una de las habitaciones) acudieron en su auxilio al escuchar sus gritos, momento que aprovechó el agresor para huir del lugar.RUEDA-DE-PRENSA-GRETTEL-3

Los padres de Grettel no intentaron detener al atacante, sino que corrieron hacia el cuerpo sangrante de su hija y, con esfuerzos, la cargaron y condujeron hasta una clínica particular donde fue atendida de sus lesiones.

Germán Alyn fue detenido ese mismo día, y ante el Ministerio Público hizo la siguiente confesión: “Ella me dijo que terminaríamos nuestra relación, a lo que le respondí que no, y que si se atrevía a dejarme la iba a matar y luego me suicidaría (…) me gritó que me fuera de su casa, seguidamente me propinó dos bofetadas, lo que me causó enojo y agarré el mencionado cuchillo que momentos antes había dejado en la mesa de centro de la sala y la lesioné en la parte de la cara y el cuello…”

Se trataba de un caso típico de homicidio en grado de tentativa, visto a los ojos del sentido común. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación concluyó que no fue así y, en enero de 2015, resolvió que Germán Alyn no pudo ser procesado por ese delito.

Grettel comenta “Cuando yo fui a ver a la juez, ella me dijo: ‘¡Ay, niña, ya déjalo!… Tú tienes unas cuantas rayitas; él está preso, pobrecito, ¿Qué? ¿No te da pena?’”

Entre los argumentos para librar al agresor de una sentencia por intento de asesinato, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Yucatán, expuso que, de haber querido matarla, el atacante lo habría hecho, pues era físicamente más fuerte que la víctima y 20 kilos más pesado.

Además, según la magistrada Luisa García Romero, autora del fallo judicial, el cuchillo con el que Grettel fue apuñalada en el rostro y el cuerpo no era “el ideal” para matar a alguien; además el agresor contaba con habilidad para usarlo –por su condición de chef–, y que su intención era sólo asustarla.

También dijo la juez que Germán Alyn salió de la habitación y dejó a la joven aún con vida.

Según la juez federal Luisa García Romero, quien revisó el caso, “aun cuando es verdad que el activo (el atacante) realizó parcialmente actos ejecutivos que pudieron producir como resultado la muerte de la ofendida (…) también lo es que no existen datos aptos y suficientes que conduzcan a determinar que dicho resultado (el homicidio) no se consumó por causas ajenas a la voluntad del inculpado”, es decir, explica la abogada Karla Michelle Salas, defensora de Grettel, que “a ojos de la juzgadora, el que Grettel haya sobrevivido es prueba de que el agresor no la quiso matar, ya que nada se lo impedía…”

Aunque la misma sentencia reconoce que, durante el ataque, la yugular de la joven fue cercenada por un corte de arma punzocortante, ésta no fue considerada como una herida grave, sino, según la magistrada, sólo como una lesión que “tarda en sanar más de quince días, con secuelas pendientes por calificar”.

Además, señaló la magistrada en su resolución, “el activo y la víctima se encontraban solos en la sala del predio donde ocurrieron los hechos (…) y es claro que si el inculpado hubiera tenido la intención de cometer el evento criminoso, esto es, privar de la vida al pasivo (la víctima), sin duda nadie se lo hubiera impedido (…), empero, lejos de ello, tras causarle diversas lesiones, pero sin que ninguna de ellas interesara algún órgano vital, decidió por sí solo dejar a la agredida”.

Así, concluye la sentencia, si el atacante hubiera querido matar a Grettel, no hubiera desistido de sus ataques con el cuchillo. Este desistimiento, subraya, “corrobora que si el resultado final (el homicidio) no se produjo, no fue por una causa ajena, sino debido a la propia voluntad del inculpado de no consumarlo”.

Por estas mismas razones, alega la juez, tampoco importa que el atacante hubiera huido del lugar, sin brindar ayuda a la víctima, ya que, señala, “las lesiones que sufrió la pasivo (la víctima) no son de las que ponen en peligro la vida”.

Bajo estos razonamientos, el Poder Judicial de la Federación decidió “conceder el amparo y protección de la Justicia Federal” al chef German Alyn, para que no procedan en su contra autos de formal prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Por el ataque a Grettel, su atacante pasó un año y cinco meses en prisión, por el cargo de “lesiones”, y fue liberado el 10 de junio de 2011, tras pagar una multa de 60 días de salario mínimo, como “reparación del daño”.

Mientras tanto, la joven agraviada aún sufre las secuelas del ataque, además de que su rostro quedó permanentemente marcado, con cicatrices que surcan ambas mejillas, una de forma vertical y la otra de forma horizontal. El caso se encuentra actualmente en manos del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, y todavía se está en espera de una resolución.

 


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