Inscríbete: Entradas | Comentarios | Email

Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos

0 comentarios
Procuraduría y Tribunal de Justicia de CDMX practican violencia contra mujeres: Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exige a autoridades capitalnas indemnizar económicamente dos mujeres víctimas de violencia institucional y de género, garantizar su rehabilitación física y dar “garantías de no repetición”.

Yaki y Clara

Por primera vez una autoridad gubernamental deberá disculparse de forma pública e indemnizar económicamente a dos mujeres a las que se practicó violencia institucional y género, de acuerdo con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Las mujeres fueron agredidas, en 2011 y 2103, por instituciones públicas,debido a su condición de género, estableció la Comisión de Derechos Humanos capitalina, luego de analizar las quejas presentadas por las víctimas.

Basada en los casos de Yakiri Rubio y Clara Tapia, la Comisión concluyó, en su recomendación 6/2016, que en la Procuraduría General de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México prevalecen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Lo anterior trajo como consecuencia que Yakiri y Clara recibieran “un trato discriminatorio” por parte de las autoridades, las cuales actuaron basándose en “estereotipos de género”, causándoles una segunda agresión.

Se trata, según explicó Karla Michel Salas, abogada de ambas víctimas, de dos casos “emblemáticos que reflejan la violencia estructural que viven las mujeres en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México”.

La recomendación señala que, con su mala actuación, las autoridades de justicia violaron no sólo el derecho que tienen las víctimas a una vida libre de violencia, sino también su derecho a un debido proceso judicial, su derecho a acceder a la justicia, su derecho a que su integridad personal sea garantizada, así como su derecho a no ser víctimas de violencia institucional.

Lee el especial: La violencia contra las mujeres (no) es normal.

Yakiri: encarcelada por actuar en legítima defensa

El 9 de diciembre de 2013, Yakiri Rubio fue sometida por dos hombres, quienes la trasladaron a un hotel ubicado en la colonia Doctores, donde la golpearon, la violaron y uno de ellos intentó matarla, infringiéndole varias heridas con una navaja. Yakiri repelió la agresión y forcejeó con el agresor, quien resultó lesionado con una herida en el cuello, la cual le provocó la muerte.

Yakiri huyó del hotel y encontró a un policía de investigación, con quien denunció lo sucedido. Increíblemente, fue ella la que resultó acusada de homicidio y procesada penalmente.

No fue sino hasta una semana después de la agresión, el 17 de diciembre de 2013, que las autoridades gestionaron la atención psicológica y médica requerida para los casos de violación. Todo eso sucedió cuando Yaikiri se encontraba dentro del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa María Acatitla.

Casi tres meses después de la agresión y de la reclusión de Yakiri, se reclasificó el delito de homicidio calificado a homicidio cometido con exceso de legítima defensa, quedando en libertad provisional.

Finalmente, el 21 de mayo de 2015, a más de un año de los hechos, un juez la absolvió de todo delito, ya que, concluyó, ella procedió en legítima defensa.

Hasta la fecha, el segundo agresor de Yakiri no ha sido procesado por ningún delito y permanece en libertad.

Clara: procesada por ser esposa de un “monstruo”

El 27 de junio de 2011, Clara Tapia acudió a las instalaciones de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa, perteneciente a la PGJDF, para interponer una denuncia contra su ex pareja, a quien acusaba de mantener secuestradas a las hijas que habían procreado, impidiéndole verlas, a las cuales, además, sometía a explotación y violencia física y sexual.

A cambio de la promesa de que podría ver a sus hijas, su ex pareja la sometió a actos de violencia, intimidaciones, insultos, amenazas, e incluso le impuso limitaciones para comer o asearse.

La Fiscalía recibió la denuncia, pero no hizo nada para rescatar a las menores.

La PGJDF tardó tres meses para salir en busca de las víctimas, y sólo lo hizo cuando Clara, por investigaciones propias, pudo localizar el sitio en donde las mantenían privadas de la libertad.

Ese parecía el final del calvario para Clara, quien por fin podría recuperar a sus hijas; sin embargo, el 5 de septiembre de 2011, día en que las menores fueron rescatadas, ella fue arrestada por la Procuraduría capitalina, acusada de ser cómplice en las agresiones que las niñas sufrían a manos del padre.

Según la Procuraduría, entonces encabezada por el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Clara sufría “la necesidad de mantener a toda costa la relación con el acusado” y por ello, según la versión oficial, habría permitido que sus hijas fueran sometidas a abusos.

Clara fue exhibida ante medios de comunicación por el mismo Mancera, quien la señaló como abusadora de menores en el programa televisivo “La historia detrás del mito”.

Clara pasó tres años encarcelada en el Penal de Santa Martha, luego de que un juez determinó que “carecía de autonomía” para impedir los abusos que ella y sus hijos sufrieron a manos de su ex pareja.

Jorge Antonio Iniestra Salas, a quien los medios llamaron “El Monstruo de Iztapalapa”, recibió una sentencia condenatoria de 251 años de prisión por dos homicidios dolosos, secuestro, violencia familiar, explotación laboral y corrupción de menores.

El papel de las autoridades, según Derechos Humanos

Para la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Yakiri y Clara no sólo fueron víctimas de las personas que directamente las agredieron, sino que tambiénfueron presa de un problema generalizado de violencia contra las mujeres, ejercida desde las instituciones encargadas de velar por la justicia en la Ciudad de México.

Según la CDHDF, tanto en la Procuraduría General de Justicia como en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México existen “prácticas y obstáculos que normalizan la violencia contra las mujeres e impiden el pleno ejercicio de sus derechos”.

Yakiri y Clara, subraya la recomendación 6/2016, “después de haber sido víctimas de diferentes tipos de violencia, acudieron a los órganos de procuración e impartición de justicia y se enfrentaron a un sistema que, en lugar de protegerlas y administrarles justicia… les dio un trato discriminatorio, por estereotipos de género y fueron revictimizadas”.

La Comisión de Derechos Humanos concluyó que ambas instituciones –la primera encargada de perseguir a los presuntos delincuentes, y la segunda responsable de juzgar su culpabilidad o inocencia– siguen sin aplicar los preceptos incluidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a pesar de que esta ley está vigente desde diciembre de 2014.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exigió a la Procuraduría y al Tribunal que, además de disculparse públicamente, deberán adoptar “investigaciones y procesos libres de estereotipos”, así como otras medidas necesarias para combatir la discriminación contra las mujeres desde las instituciones de gobierno, para que casos como los de Yakiri y Clara no vuelvan a repetirise.

Asimismo, el ombudsman capitalino exigió a las autoridades capitalnas indemnizar económicamente a ambas víctimas, garantizar su rehabilitación física, así como proporcionarles “garantías de no repetición”.

CLICK AQUÍ PARA LEER LA RECOMENDACIÓN COMPLETA

ANEXO 1

ANEXO 2

468 ad

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *