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Artículo de La Jornada.
Lilia Alejandra García Andrade. El 14 de febrero de 2001, Lilia Alejandra desapareció cuando cruzaba una de las zonas más céntricas de Ciudad Juárez: las avenidas Ejército Nacional y Carretera Panamericana. Trabajaba en una maquiladora, tenía 17 años y era madre de dos niños. Su madre, Norma Andrade, el 15 de febrero interpuso una denuncia por desaparición. En el expediente no figura ninguna constancia de actividad judicial sobre la búsqueda de Lilia Alejandra, pese a que ya existían ocho años de “experiencia” sobre estos casos.

El 21 de febrero su cuerpo apareció en un lote baldío cercano al centro comercial Soriana, a las 18:30 horas. Desnuda de la cintura hacia abajo, los signos de tortura y de violencia sexual eran evidentes. Tenía aproximadamente 24 horas de haber sido asesinada. Su madre, desde entonces, ha iniciado una búsqueda incansable para encontrar al asesino de su hija y para conseguir la potestad de sus nietos. Las autoridades han desestimado los datos proporcionados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sobre la presencia de presuntos narcotraficantes en la zona donde fue hallado el cuerpo y que podrían estar vinculados con el secuestro y el asesinato.

Otros indicios preocupantes rodean el crimen de Lilia Alejandra: a unos 50 metros del lote (perteneciente a la familia Borunda) donde hallaron su cuerpo, se encuentra un shopping center llamado Saint Valentín, donde testigos dicen haber visto que ella escapaba. El edificio tiene pintado un pequeño zorro, el mismo que está en las propiedades de Valentín Fuentes Téllez, uno de los hombres más ricos de Juárez. El sitio se localiza a escasa calles de la avenida Valentín Fuentes. Por si fuera poco, Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero, día de San Valentín, y su cuerpo fue encontrado en un lote baldío ubicado en la calle Rancho San Valentín del fraccionamiento Pradera Dorada.

Ahora “estamos peor que en 2001; hay más impunidad, más muertes de mujeres”, coincidió en entrevista Marilú García Andrade, hermana de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida y asesinada en febrero de 2001, con 17 años de edad.

“Vamos para atrás a pasos agigantados”, siguió, “hasta (reprimen) frente a las cámaras, como en Atenco.”

Norma Andrade, cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, afirmó que es “indignante y ofensivo” que el Ejecutivo federal “asuma un doble discurso y demuestre su ignorancia” sobre lo que sucede en Ciudad Juárez. “No se puede jugar con el dolor de las familias ni de la sociedad”, pues agregó que los medios de comunicación “no inventan” las noticias de mujeres desaparecidas y asesinadas. “Son casos que siguen ocurriendo sin que las autoridades detengan a los agresores”, expuso.

Tomado de La Jornada.com/archivos

ARTICULOS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, “CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA”.

Capítulo II

3 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

A Lilia se le violaron todos estos derechos pero también a sus familiares que por disposición constitucional tienen, por tener la calidad de víctimas indirectas, que sufrieron arbitrariedades primero al no investigar a fondo las llamadas, a la pareja, el auto, etc. Para ser exactos no fueron ni siquiera informados de lo que pasaba, siendo su derecho, no hubo apoyo jurídico ni psicológico para ellos.

5 Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

También estos derechos no fueron respetados para sus familiares. Lo que también constituye un hecho violatorio en agravio de la madre, toda vez que fue amenazada.

Capítulo III Deberes de los Estados

7 Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Al no haber medios eficientes de protección a las víctimas para cuidar de que no sean violentados sus derechos y no aplicar sanciones ejemplares al que violenta la ley, mucho menos tiene visos de erradicarla, ya que no existe en México una investigación de calidad.

RECOMENDACIONES.

1).- De Amnistía Internacional

Condenar e investigar los homicidios y las desapariciones de mujeres

Desde el reconocimiento público de las desapariciones y homicidios, resaltar la dignidad de las víctimas, ya que parece más dar la culpa y responsabilidad a ellas y sus familiares más que reconocer la ineptitud de la que es objeto el Estado. Su libre derecho a luchar y reclamar justicia. Su derecho a que se resuelvan sus casos de manera pronta y eficaz.

Aunque esta recomendación va en base a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es lo que todas las mujeres en este País necesitamos y queremos como ciudadanas.

2).- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención.

Se permite y se tolera la violencia en contra de la mujer.

264.- la obligación de eliminar la discriminación contra la mujer no comprende solo las acciones u omisiones realizadas por el Estado sino también la necesidad de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer cometida por cualquier persona, organización o empresa.

(…. ) medidas resultan aún insuficientes y que no existe para su ejecución la indispensable articulación entre los tres niveles de gobierno. Por otra parte, en las autoridades estatales y municipales aun existe tendencia a restar importancia y magnitud al problema y no se percibe igual disposición para encararlo a fondo y críticamente

266.- coordinación y participación entre todos los niveles de poder – federal, estatal y municipal – entre si, y con la sociedad civil,

(… ) no ha sido asumida claramente una política con perspectiva de género, lo cual resulta fundamental para alcanzar de estos objetivos, por lo que recomienda: coordinación ya que todos pretenden llevar a cabo actos aislados que no resuelven el problema real.

268. Incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y en las políticas de prevención y combate a la violencia y programas de reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta los aspectos propios de la violencia ejercida sobre las mujeres en razón de su sexo, sus causas y consecuencias, y las respuestas sociales especificas que su situación requiere, en una perspectiva de eliminación de la discriminación y construcción de la igualdad de género.

(…..) PGR y de la PGJE cada cual actúa según corresponda a su fuero, por lo que tal medida, aunque ha sido un esfuerzo del Gobierno Federal, no garantiza el esclarecimiento cabal de los hechos, ni asegura que se pongan a disposición de los Tribunales los verdaderos culpables. Por todo ello recomienda:

Proponer al Gobierno Federal que valore la posibilidad de ejercer la atracción a nivel federal de los crímenes de violencia sexual no resueltos durante estos 10 años, – dada la responsabilidad del Estado ante la sociedad mexicana en su conjunto y la comunidad internacional de garantizar la plena vigencia de los derechos de la mujer reconocidos en la Convención (CEDAW). Al hacer esta propuesta el Comité se suma a la solicitud de las Comisiones Especiales del Senado y del Congreso de la Nación, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Parlamento de Mujeres de México y de otras entidades nacionales e internacionales.

273. Preocupa al Comité que en los casos de homicidios y desapariciones no se ha procedido a investigar seria y profundamente cada caso, incluso se han ignorado denuncias de familiares y se han destruido evidencias y pruebas. Ha prevalecido la impunidad durante toda una década en la que estos crímenes se han tratado como violencia común del ámbito privado, ignorando la existencia de un patrón de discriminación, cuya manifestación más brutal es la violencia extrema contra la mujer. También preocupa al Comité la ineficiencia, la negligencia y la tolerancia de las autoridades encargadas de la investigación de los crímenes, las evidencias de fabricación de culpables bajo tortura y el hecho de que se consideren e informen como concluidos o resueltos los casos al ser presentados ante los Tribunales, aunque los inculpados no sean detenidos ni sancionados.

277. Preocupa al Comité las irregularidades de las investigaciones, la aparente incompetencia de las autoridades, las extrañas condiciones en que aparecen las víctimas, las irregularidades de las pruebas forenses, la cantidad de casos que permanecen sin identificar, la desorganización en que se plantea se encuentra la documentación de que se dispone, las cuales ofrecen un cuadro dramático de la situación.

279. por las autoridades locales que parecen ser insensibles ante las terribles situaciones que atraviesan. Expresa también su preocupación respecto a las dificultades enfrentadas en el acceso a la información sobre las investigaciones por parte de los familiares de victimas y sus representantes

Estas recomendaciones me parecen muy significativas para el caso de Lilia ya que es justamente de lo que careció la investigación, si es que la hubo, solamente tomaron información de todo pero en ningún momento se investigó a los y las conocidas y a la pareja de ella. No es posible, es inaudito que pregunten al taxista sobre el dueño del auto y posteriormente no sepan ni siquiera el nombre o el número de taxi, no contamos con verdaderos investigadores de hechos delictivos.

Las recomendaciones expresadas una y otra vez van en torno a la falta de profesionalización en la investigación, sensibilidad y al enfoque de género, es cierto no se han dado cuenta que esto no es un asunto privado sino un asunto del ámbito Público, un grave problema social y de salud pública que podría constituir un problema de seguridad Nacional.
Me parece magnífica la siguiente recomendación por lo que señalaba anteriormente.

280. Exigir que las madres y los familiares de las víctimas sean tratadas con el debido respeto, consideración, compasión y solidaridad a su dolor, en correspondencia con los principios de humanidad y sus derechos fundamentales como seres humanos y sancionar a las autoridades responsables de este trato cruel e inhumano.

La insensibilidad es total dentro de los y las funcionarias de la administración y procuración de justicia, no solo afecta a la víctima directa sino a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

281. De igual forma, expresa preocupación, por la situación de inseguridad que prevalece en Ciudad Juárez como consecuencia de las amenazas, persecuciones, agresiones y difamaciones de que son objeto las madres y familiares de las víctimas, así como sus abogados (as), e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil empeñadas en esta lucha. Aunque el sistema haya tratado de minimizar el problema.

Recordemos que la madre de Lilia fue objeto de amenazas, al grado de que sería entrevistada y por darse cuenta que la perseguían no pudo hacerlo aunque estaba acompañada, esto viene en el reporte de la Cedaw

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